Chivilcoy: denuncian prácticas sistemáticas de violencia policial contra jóvenes

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El secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, el juez de Garantías del Joven de Mercedes, Marcelo Giacoia, e integrantes del CELS y de la CTA de los Trabajadores participaron ayer de una charla en Chivilcoy. A fines de abril, Giacoia dio curso a un habeas colectivo en favor de todos los jóvenes de esa localidad, Marcos Paz y Luján para que la policía se abstenga de continuar con las detenciones arbitrarias a menores de edad, el alojamiento en comisarías sin notificación a autoridades judiciales y la omisión de registros en libros de entrada.

 
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(Agencia) Bajo la consigna “¿Quién nos cuida de la Policía?”, se realizó en el centro cultural La Ronda de Chivilcoy la charla debate sobre violencia policial, a partir de los alarmantes episodios de detenciones arbitrarias e ilegales que suceden desde enero pasado en Chivilcoy, Marcos Paz y Luján, en el departamento judicial de Mercedes.
Uno de los últimos casos es el de Rodrigo Nicora, un joven de 25 años que fue detenido por “disturbios en la vía pública y ebriedad”, a pesar de que ninguna de esas situaciones fue verificada. De hecho, según declaró al diario local La Razón de Chivilcoy, a su madre la notificaron por presuntos disturbios en la vía pública y “al otro día el comisario dijo por televisión que estaba ebrio. No se entiende, te acusan de una cosa y al otro día de otra. Una se siente totalmente indefensa”. Rodrigo permaneció alojado en comisaría más de medio día, fue golpeado por dos policías durante su aprehensión y amenazado con que sería violado en el calabozo.
Un niño de 12 años que jugaba con sus amigos en un descampado del barrio 25 de Mayo fue empujado contra un patrullero por dos policías, golpeado con los puños en el cuerpo y en el rostro y a su madre le negaron la recepción de la denuncia debido a que no tenía un “precario médico”.
Estos son sólo algunos de los casos de violencia policial que suceden desde comienzo de año y que motivaron la presentación de un habeas corpus colectivo por parte de las defensoras oficiales del departamento judicial de Mercedes, María Celeste Vila y Eleonora Sampol, ante el juzgado de Garantías del Joven a cargo del juez Marcelo Giacoia.
 La presentación fue recibida favorablemente por el magistrado y el 29 de abril firmó una resolución judicial que nunca fue apelada, por lo que sus dictados están firmes para los efectivos policiales de Chivilcoy, Luján y Marcos Paz.
En la resolución, el juez Giacoia declaró la inconstitucionalidad del artículo 15 inciso c de la ley 13.482, que permite la aprehensión o detención de personas menores de dieciocho años de edad, ordenó al Ministerio de Seguridad que instruya a los efectivos policiales para que se abstengan de realizar detenciones en virtud de figuras tales como “entrega de menor”, “averiguación de identidad”, “averiguación de ilícito” o similares, y ordenó instrumentar las medidas pertinentes para difundir la resolución entre los jóvenes menores de dieciocho años de las ciudades de Luján, Chivilcoy y Marcos Paz.
Entre los considerandos de la resolución, se advierte sobre “procedimientos en la vía pública que tienen por resultado la privación de libertad de menores de edad sin existir conflicto penal que justifique la restricción de un derecho consagrado en la Constitución de nuestro Estado. Tales anomalías se extienden temporalmente por espacio -algunas veces- de varias horas de permanencia dentro de una Comisaría, donde los jóvenes no sólo son objeto de abusos de poder y víctimas de violencia física y verbal por parte de personal policial, sino que se los mantiene marginados de comunicación al órgano judicial competente y aislados de todo conocimiento de sus mayores responsables y/o representantes legales”.
“El cotejo de los Libros de Comisaría informado por la Fiscalía del Fuero Penal del Joven N° 8 Departamental, arrojó la alarmante cifra de aproximadamente treinta (30) menores de edad que fueron ingresados a las comisarías aquí denunciadas sin motivo penal justificante, entre ellos la totalidad de los jóvenes que atestiguaron en autos (…) No se dió, por parte de las respectivas autoridades policiales, intervención a órgano judicial alguno ni a los Servicios de Protección de Derechos correspondientes a cada localidad, como tampoco se anotició a sus progenitores, sin descontar que en algún caso aislado la autoridad policial informó que no se pudieron encontrar las actuaciones labradas”, señala el magistrado.
Caben resaltarse las siguientes consideraciones acerca de prejuicios y estereotipos sobre jóvenes de sectores populares: “Los numerarios de la mentadas seccionales se movilizaron guiados únicamente por presunciones y/o supuestos antecedentes penales de los sujetos que transitaban la vía pública, y/o prejuicios o estereotipos sobre ellos, quienes se vieron intempestivamente dentro de un establecimiento policial, sin que hubieran indicios graves que los sindicara como eventuales autores de algún ilícito”. “Dichos procedimientos no pueden justificarse atendiendo a argumentos de defensa social, peligrosidad o antecedentes del individuo, prontuarios, signos o síntomas de inferioridad moral, biológica o sicológica desvalorizantes de la persona, apariencias antisociales y/o perversas que permitan seleccionarlo por desviarse de la normalidad, tal como lo pretendía el derecho penal de autor, hoy abandonado y reemplazado por el perfil del Derecho Penal que juzga el ACTO y otorga significación jurídica a la conducta humana traducida en actos objetivos”, agrega.
Asimismo, Giacoia afirma que “los jóvenes en su conjunto, y de manera especial aquéllos pertenecientes a las clases populares, son víctimas del hostigamiento policial que se materializa en la estigmatización continua que deriva en detenciones arbitrarias sustentadas en el eufemismo inconstitucional de averiguación de antecedentes, lo que implica una violación a los principios constitucionales de libertad, presunción de inocencia, igualdad ante la ley y judicialidad”.
La respuesta del intendente (excomisario) Britos
A pesar de la gravedad y sistematicidad de los violentos episodios de la policía contra jóvenes del distrito sobre la que advierte contundentemente el juez Giacoia, el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, cargó días atrás contra el magistrado: “Viene a hablar supuestamente de la violencia policial. Antes de hablar, le digo que piense un poquito en todas las víctimas de violencia que van a estar mirándolos por televisión y que es por culpa de él, por las decisiones que toma”.
Asimismo, sobre la CTA de los Trabajadores, que también organizó la charla debate sobre violencia policial, señaló que se trata de “un grupo que no oculta que es destituyente, ya que lo dice abiertamente porque quiere que este gobierno se caiga”.

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