Presentaron al Municipio “soluciones concretas” ante las falencias del SUMO

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El defensor oficial Diego Araujo, Mario Marcuzzi -padre de la adolescente que fue obligada a bajar de un colectivo por problemas con la tarjeta del PASE- y la Cámara de Transporte realizaron una presentación conjunta ante el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante con propuestas tendientes a corregir las falencias que detectaron en el sistema de boleto electrónico. Es que a cinco meses del episodio ocurrido con la joven, el Municipio aún no ha brindado soluciones para garantizar el pleno acceso al servicio de transporte público de pasajeros.

Además de una respuesta del Intendente, aguardan que la nota ingrese al Legislativo, pase a la Comisión de Transporte y Tránsito y los citen para debatir los problemas que enfrentan todos los días los usuarios y los titulares de las líneas de colectivos que explotan los recorridos urbanos.

En la propuesta se recopilan los problemas y las posibles soluciones que detectaron tanto los pasajeros como los colectiveros. Entre ellas figuran el acceso fiable de la información para el usuario del transporte por parte del Municipio, sobre todo de la ubicación de los centros de carga de la tarjeta SUMO y el acceso directo de las empresas a los datos sobre la venta de boletos.

Además, reclamaron otorgar al pasajero canales para denunciar y propusieron la implementación de un servicio telefónico 0-800 o similar. En tercer lugar, plantearon la necesidad de la protección económica del consumidor, ya que se han detectado prácticas abusivas.

Por otra parte, impulsaron la creación de un protocolo de actuación y garantizar el pleno acceso al servicio de transporte, a través de una tarjeta descartable, boletos combinados, cobro automático del boleto estudiantil y tarjetas de doble monedero.

 

El derrotero

 

El caso de la hija de Graciela Vallejos y Mario Marcuzzi, la adolescente que fue obligada a bajar del colectivo por fallas en la tarjeta PASE y al quedar en la calle sufrió un intento de robo, se hizo público en septiembre del año pasado. Junto a este hecho puntual, emergió la necesidad de canalizar los reclamos por otras situaciones que no tenían una acogida desde el punto de vista jurídico.

“Desde la Defensoría Pública decidimos acompañar el reclamo de Mario y Graciela con relación a su hija y lo llevamos ante la Oficina de Información al Consumidor (OMIC) que depende del Municipio”, recordó el doctor Diego Araujo, y precisó que la primera demanda estaba vinculada a la situación que enfrentó la adolescente, pero además planteaba un problema con incidencia colectiva al no existir medios alternativos de pago a la tarjeta, por lo cual debía intervenir el Municipio.

“Lo de la OMIC, al ser parte integrante del órgano estatal, quedó únicamente acotado al reclamo ante la empresa y la Cámara de Transporte, a quien pudimos llevar a la OMIC. Así llegamos a un acuerdo, donde si bien no reconocen en plenitud cómo se dieron los sucesos, decidimos canalizar los problemas que veíamos desde el punto de vista del usuario y de la Cámara de Transporte -a través del reclamo de las empresas de transporte en forma particular- en la implementación del boleto electrónico, en el funcionamiento que le dio Eycon SA, empresa que había ganado la licitación”, explicó el defensor oficial.

La presentación al Intendente y los concejales fue el cierre de la denuncia ante la OMIC, ya que formó parte del acuerdo entre los padres de la adolescente y la Cámara de Transporte, “para hacerle saber al poder político algunos puntos que se debieran trabajar en forma inmediata”, resaltó.

 

“Es grave”

 

Para el letrado “ha sido un logro que la Cámara de Transporte se acercara para tratar de buscar una solución. Lamentablemente, todavía el Poder Ejecutivo no toma conciencia de esto y a mi criterio es grave, porque cada vez que se baja a un chico del colectivo se está violando la Convención de los Derechos del Niño, que establece con absoluta claridad que los estados partes tienen que hacer el máximo esfuerzo para garantizarles sus derechos, desde el punto de vista judicial y administrativo”.

En esa línea, agregó que “evidentemente, si se opta por modificar el sistema de cobros de un servicio público, esa modificación tiene que ser para beneficiar, no para obstaculizar el proceso del servicio público. Lo que se está viendo acá es que no sólo a raíz de la mala implementación del sistema hay una serie de inconvenientes que no se resuelven, otros que no han sido previstos pero que tienen que ser necesariamente analizados, sino que no hay una acción inmediata para tratar de resolver el problema de manera que no se baje más un chico del colectivo”.

 

Las demandas

 

Mario Marcuzzi se encargó de ingresar en mesa de entradas de la Municipalidad la propuesta dirigida al Intendente y repartió copias a concejales de los distintos bloques, en tanto que ayer le acercó el documento al presidente del cuerpo Juan Pablo Frolik.

Sin embargo, recordó que antes del recambio de ediles “cuando sucedió todo y empezamos a presentar estos proyectos, fui a los distintos bloques. Me recibieron muy bien, salvo en su momento Mery Fuente, que no quiso agarrar la copia hasta que le dijimos que ella había sido elegida por la gente y no por una empresa”.

El vecino manifestó que su interés pasa por los inconvenientes que a diario padecen los pasajeros y por buscar soluciones. En este sentido, señaló que les acercó una resolución del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, a partir de fallas en las lectoras de tarjetas provistas por Eyecon SA y falta de bocas de expendio de la recarga. “Lo mismo que está pasando acá pasaba en 2014 en Bahía Blanca, de donde es originaria la empresa”, dijo Marcuzzi.

Agregó que la intención era trabajar para que no bajen a más personas de los colectivos, para evitar faltantes de crédito en las tarjetas -hay comprobantes de usuarios a los que se les descuentan más de un pasaje- y dónde va ese dinero, cómo es el tratamiento del boleto obrero, ya que hay trabajadores que viajan los sábados y domingos, la incidencia en el turismo, la falta de controles, etc.

Ahora aguardan mantener una reunión con la Comisión de Transporte para plantear la necesidad de trabajar en puntos acordados con los colectiveros. “Buscamos que se mejore el servicio y que la gente no quede mal. Fue mi hija, pero también sé de gente mayor que ha quedado abajo un sábado a las 22, en la otra punta de la ciudad”, advirtió Marcuzzi.

En ese sentido, el doctor Araujo repasó que “uno de los objetivos que tenían Mario y Graciela era concientizar al usuario pero, fundamentalmente, a aquellos que tienen que hacer cumplir la ley. Por ejemplo, en qué lugar canalizan los reclamos los usuarios: únicamente hay una oficina que es céntrica y por lo general los pasajeros que resultan ser de los barrios no tienen un acceso fácil para realizar las denuncias”.

Sumado a esto, marcó que “el órgano de recepción de denuncias pertenece al Poder Ejecutivo, con lo cual no se sabe cuál es el grado de inquietudes receptadas en forma mensual y de qué entidad, como para tratar de analizar la gravedad del problema”.

Por último, sostuvo que el Poder Ejecutivo “tiene que dar la solución ya, no puede seguir prorrogándola porque lo único que hace es beneficiar a una empresa concesionaria que, incluso, los transportistas se sienten perjudicados. Si uno se pone a analizar la cuestión, la reforma no dejó contenta ni a la Cámara de Transporte ni al usuario. Por lo tanto, la reforma ha servido como un obstáculo para la prestación del servicio”.

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